DEPREDACIÓN DEL CAPITAL PESQUERO SOBERANO

Los pesqueros ilegales esperan escondidos en la milla 200 la oportunidad de capturar especies altamente valuadas mediante la pesca de arrastre, que resulta además destructiva para la biodiversidad marina. Se calculan pérdidas de 2,6 billones de dólares anuales para la Argentina.

La pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) en Argentina representa una pérdida constante de miles de millones de dólares, como así también una pérdida significativa en la fauna marina.

Según la Coalición para la Transparencia Financiera, el 54.7% de la pesca INDNR es realizada por buques asiáticos, cuyos mayores puntos de extracción ilegal se encuentran concentrados en aguas del continente africano en países como Somalia y Kenia, además del mar argentino.

El estudio advierte que de las 10 principales empresas beneficiadas por la pesca ilegal se encuentran 8 en la República Popular de China, 1, una en Colombia, y la restante en España.

En Argentina, la industria de la pesca generó 1.776 millones de dólares solo en exportación durante 2023. La industria pesquera se compone en su mayoría de especies como calamar, mejillones, langostinos y merluza.

En este contexto, los pesqueros ilegales son atraídos por estas especies de alto valor económico y abundancia en el mar argentino. Las consecuencias de su práctica en territorio nacional representan pérdidas que van desde 1 billón hasta 2.6 billones de dólares anuales.

El principal método de pesca utilizado por los pesqueros ilegales es la pesca de arrastre con redes, cuya práctica les provee de grandes capturas pero resulta muy destructiva para la biodiversidad. Diversos estudios han concluido que su desarrollo pone en peligro de extinción especies y hábitats enteros del ecosistema marino.

En Argentina, el principal refugio de los depredadores de capital pesquero se encuentra en la milla 200, donde se marca la división entre territorio marítimo soberano y aguas internacionales.

La milla 200, al ser el comienzo de aguas internacionales, permite la libre navegación de cualquier pesquero, por lo que se ha convertido en la línea de espera para los ladrones de peces nacionales, que la cruzan eludiendo los controles y la legislación vigente.