LOS GUARDIANES DE LOS BOSQUES
- Bianca Focarile
- 13 nov 2024
- 5 Min. de lectura
En Argentina, los pueblos originarios habitan los bosques nativos y enfrentan la explotación de recursos ambientales, una amenaza para el territorio, la cultura y la forma de vida. La biodiversidad de las especies está en peligro.
La comunidad Mbya Guaraní en Misiones, sufre la explotación forestal de la Empresa Arauco. Foto: Greenpeace
Cuenta la leyenda guaraní que el Yasy Yateré es un duende del bosque. Simboliza la naturaleza misma y tiene la apariencia de un niño pequeño con cabello rubio. Suele recorrer el monte a la hora de la siesta y rapta a los niños que se alejan demasiado de sus hogares. Los secuestra, los cuida y, luego, los devuelve con la memoria borrada.
Sin embargo, esta criatura puede ser hermosa, pero impredecible y peligrosa si no se la respeta. La leyenda es una advertencia para los niños y adultos sobre la importancia de respetar la naturaleza y no adentrarse sin conocimiento o sin permiso, con los límites necesarios ante el medio natural.
Este relato visibiliza cómo los pueblos originarios poseen un conocimiento ancestral sobre el cuidado y la preservación del hábitat, que hoy en día se encuentra en peligro, debido a la explotación de las tierras y el aprovechamiento forestal.
La investigadora del CONICET Samanta Guiñazú explica que “existen determinados actores que pueden hablar sobre estos temas y otros como son las comunidades indígenas, que les corresponde informarse, capacitarse o articular con ese conocimiento hegemónico”.
Para Guiñazú, el conocimiento científico-académico generalmente goza de una legitimidad para hablar “sobre y por otros”, cuando se trata de la preservación natural, pero en realidad los pueblos originarios desempeñan un papel fundamental, ya que el conocimiento sobre la flora y fauna de los territorios es invaluable para la sostenibilidad ecológica.
La investigadora del CONICET Tozzini María Alma analiza el caso de la explotación forestal del bosque nativo en la Comarca Andina, donde habita el pueblo Mapuche. Es un bosque de pino del norte, que se plantó en la década del 70 en praderas abandonadas, antes utilizadas para el pastoreo. En aquel entonces, el Gobierno impulsó un programa de reforestación totalmente subvencionado para promover la industria maderera en la región.
Esas licencias forestales se otorgaban por miles de hectáreas sobre tierras públicas, donde se le pagaba al empresariado por “limpiar” lo que había, vender lo que se extraía y, luego, se volvían a dar fondos para la reforestación y extensiones impositivas. Todo esto ocurrió con escaso control en cuanto a quienes habitaban esas tierras, lo que ocasionó enfrentamientos que continúan hasta hoy, según la Dra. Tozzini.
Deforestación en el norte de Argentina. Foto: Gentileza Greenpeace
La empresa de explotación forestal Manosa, producto de una política estatal, se constituyó en el locus de anexión al sistema capitalista de acumulación de territorios, considerados hasta entonces como “marginales” desde el punto de vista productivo y ocupados por antiguos pobladores sin título de propiedad.
Manosa se creó por impulso de la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (DGOGP) de la provincia de Chubut. La finalidad fue unificar en una sola industria monopólica a los diferentes aserraderos familiares de la región del noroeste de Chubut, que eran de muy baja escala y que abastecían de madera a El Bolsón y a Bariloche.
A los fines de asegurar el desarrollo de las nuevas plantas, se cercaron las zonas de las plantaciones, quedando excluidas para el aprovechamiento de los pobladores. Esto derivó en un proceso de paulatino, pero creciente empobrecimiento de estas familias.
El artículo científico de Tozzini cuenta la historia de una campesina que habitaba tierras pertenecientes a una empresa maderera, sin saber que esas tierras "tenían otro dueño". La primera instancia del juicio arrojó para esta mujer la sentencia a seis meses de prisión en suspenso, el pago de costas y su desalojo “provisorio” hasta que estuviera firme la sentencia.
Sin embargo, la Constitución Argentina y el Código Civil y Comercial de la Nación reconocen el derecho de propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas. Además, se encuentra vigente la Ley N° 26.160 que, ante la emergencia generada por los numerosos desalojos de los pueblos indígenas, dispuso suspender la ejecución de los procedimientos y sentencias de desalojo con el fin de realizar un relevamiento de los territorios.
Según la investigación realizada por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), estas “invasiones biológicas” de pinos con el correr de los años comenzaron a generar una preocupación a nivel mundial por los impactos ambientales y productivos que ocasionan. En el norte de la Patagonia, la presencia de pinos hoy alcanza una superficie cercana a las 100 mil hectáreas.
Algo similar se visualiza en el norte del país. La comunidad guaraní Alecrín cuenta históricamente con 14.300 hectáreas. Está ubicada en el municipio de San Pedro, 170 kilómetros al sur de Puerto Iguazú. La empresa forestal Harriet Sociedad Anónima ingresó en 2007 a territorio indígena, derribó las especies del bosque nativo para sembrar pino. Después alambró, contaminó el pozo de agua y arrasó con la chacra de la comunidad e, incluso, el cementerio indígena.
Desde la Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM) aseguran que es solo un ejemplo entre cientos, respecto al accionar empresarial sobre el territorio indígena. Esta forma de explotación de recursos provoca contaminación ambiental.
Como posible respuesta, el antropólogo Sebastián Carenzo retoma la categoría de “diálogos de saberes”, que busca alejarse de los abordajes tradicionales por parte de la ciencia y del Estado. En la mayoría casos se recurre a iniciativas que dificultan la participación de los integrantes de las comunidades, sin considerar los saberes locales.
La desvalorización y la falta de diálogos
La población indígena de Argentina se encuentra distribuida en 1.837 comunidades, que incluye a más de 40 pueblos, cuya adscripción está basada en el auto-reconocimiento.
Según el INDEC, las estadísticas indican que el 2,4% de la población de la Argentina se considera descendiente de pueblos indígenas. En general, los distintos grupos aborígenes se localizan en zonas donde hay bosques nativos.
Esta situación de desvalorización tiene raíces profundas que se remontan a la época colonial, pero sobre todo a las sucesivas campañas realizadas en el siglo XIX, de las que la más conocida es la Conquista al Desierto realizada por el presidente Julio Argentino Roca en 1879.
“Co-construir un imaginario, una forma de conservar la naturaleza en la cual cada no aporte desde un lugar para convencer al otro, sino que cada uno aporte desde esa diferencia que tiene su propio pensamiento, su propia manera de habitar ese mundo en el que vivimos”, asegura la antropóloga de la UBA.
En la actualidad continúan, con diferentes con características, los conflictos territoriales que afectan a las personas identificadas como indígenas más allá de contar con mayores protecciones legales de normativas internacionales con jerarquía constitucional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Fuentes
Tozzini, M. A. (2022). “Cuando la multiplicidad se despliega en el tiempo: memorias indígenas en espacios desmarcados en la Comarca Andina del Paralelo 42°, Patagonia argentina”. Publicado en Punto Cunorte, una editorial de revistas científicas.
Claudia Luna , “La problemática de los pueblos originarios en la Argentina y el impacto social de la gestión de los bosques nativos”. (2018). Publicado por la Revista Latinoamericana De Derechos Humanos.
“Más allá (y más acá) de diálogo de saberes”. Perspectiva situadas sobre políticas y gestión participativa del conocimiento/ compilado por Florencia Trentini, Samanta Guiñazú, Sebastián Carenzo- San Carlos de Bariloche: IIDyPCa- Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio,2022.
Aranda, Darío. "Otro monocultivo, las mismas consecuencias."
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