SEMBRANDO FUTURO

En Argentina, un 52,9% de personas están bajo la línea de la pobreza y un 18,1% son indigentes, según el INDEC. El partido más populoso de Buenos Aires cuenta con diferentes proyectos que impulsan a los vecinos a producir y consumir sus propios alimentos. 

"Huertas Matanceras" llega a las escuelas del municipio

El gobierno municipal junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) crearon hace ocho años, el programa “Huertas matanceras”. El mismo tiene como finalidad impulsar una política de inclusión social y promover la soberanía y seguridad alimentaria. Uno de los derechos básicos que el Estado debe garantizar, según la Declaración de Derechos Humanos, consagrado en 1948, es el derecho humano a la alimentación.

Además, busca inducir a la participación ciudadana para el desarrollo y el acceso a alimentos saludables a partir de la autoproducción agroecológica. ¿De qué manera? Repartiendo semillas de estación a los vecinos, con más de 15 puntos de entrega y con la creación de distintos cursos de manera gratuita.

Gonzalo Pares

El ingeniero y técnico agropecuario Gonzalo Pares, quién es jefe de extensión del INTA AMBA, explica que desde entonces “se vieron involucradas alrededor de 3 mil familias. Ya sea, en la construcción de una huerta propia, huertas comunitaria o escuelas que decidieron como forma educativa hacer una huerta”. 

El programa continúa gracias al financiamiento de la provincia de Buenos Aires. Incluso desde Desarrollo Social Municipal informan que repartirán un nuevo kit de semillas (14 variedades) acompañado de un instructivo. Al mismo tiempo aclara que ya no son entregadas por el Gobierno Nacional mediante el programa ProHuerta INTA (que dejó de funcionar) sino por el Estado Municipal a través de Huertas Matanceras.

Comer es un derecho, no un privilegio

En un país productor de alimentos como Argentina: ¿Cuál es la explicación para que gran parte de la población pase hambre?

En la declaración mundial sobre la nutrición de 1992 se reconoce que “todas las personas tienen derecho a una alimentación nutricionalmente adecuada y segura”, pero también denuncia que, aunque hay suficientes alimentos para todos, “el acceso desigual” es el principal problema. Es decir, no falta comida, faltan políticas de Estado comprometidas, para que los ciudadanos puedan acceder a ella.

Nuestro país forma parte de diferentes Tratados Internacionales donde se compromete al Estado a garantizar el acceso a la alimentación de calidad de todos los individuos. La Declaración de Derechos Humanos es uno de ellos, pero no el único. También, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) posee jerarquía constitucional en la Carta Magna. Allí, la definición de seguridad alimentaria es: “Asegurar en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias para llevar una vida activa y sana”.

Asimismo, se ve reflejado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José- donde se establece que, "dentro de un estado de derecho, se tiene que asegurar el establecimiento de condiciones básicas necesarias para la sustentación de los individuos (alimentación, salud, libertad de organización, de participación política, entre otros)".

Sin embargo, en Argentina, la inclusión y la justicia social enfrentan un presente poco prometedor. El ajuste presupuestario del actual gobierno golpea duramente a los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, la población enfrenta una inflación del 101,6% en los primeros diez meses de Javier Milei como presidente, de acuerdo a datos del INDEC. Esto se traduce en la caída del poder adquisitivo de las familias y el empleo formal, al mismo tiempo que crece el empleo no registrado.

En consecuencia, este tipo de proyectos cobra más relevancia para la comunidad y, sobre todo, para la microeconomía de la zona bonaerense. En el Partido de La Matanza, que, según el último censo del 2022 registró una cantidad de 1.873.734 habitantes, la agricultura familiar (AF) puede ser una oportunidad no solo para obtener una producción sustentable en cuanto a los alimentos, sino sobre todo asegurar el derecho a la alimentación en un contexto de crisis económica.

Según la investigación “Políticas públicas, agricultura familiar, producción y comercialización agroalimentaria en el periurbano bonaerense”, llevada a cabo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), dirigida por María Carolina Feito, “un tercio del partido está dedicado a la producción agropecuaria". Y agrega: "Pensar en una inversión en agroecología local permitiría poner fin a la crisis alimentaria y ayudar a afrontar los retos vinculados a la pobreza”.

El futuro a la venta del mejor postor

Desde el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, no reconocen las cifras del INDEC.

Los funcionarios resaltan que distintos informes, como los de Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), advierten una “significativa disminución de la pobreza”. Al mismo tiempo señalan que “una gestión enfocada en la disciplina fiscal y en la creación de empleo genuino, ha permitido a miles de familias superar el umbral de pobreza”. Sin embargo, no brindaron ningún dato al respeto.

Hoy, en Argentina, los números duelen. No solo porque la pobreza subió 11 puntos respecto del segundo semestre del 2023, sino porque quienes serán el futuro del país se encuentran en la “línea de fuego”. Actualmente, dos tercios de los niños y niñas menores de 14 años son pobres, esto equivale al 66,1% de niños que no consumen los nutrientes necesarios para un crecimiento sano. Lo que significa un deficiente desarrollo cognitivo de los más pequeños, que se encuentran en proceso de crecimiento y escolaridad inicial. El momento más trascendente para el aprendizaje y la absorción de conocimientos. La consecuencia directa es la deserción escolar. Según la ONG Argentinos por la Educación casi el 50% de los jóvenes no termina el secundario en tiempo y forma.

Un informe publicado por UNICEF ha señalado que “más de 10 millones de niños y niñas consumen menos carne y lácteos por falta de dinero”. Al mismo tiempo, la ingesta de verduras se redujo a un 58% y solo aumento el consumo de fideos y harinas un 24%. En consecuencia, un millón de niños y niñas deben de irse a dormir con el estómago vacío y la cifra aumenta a un millón y medio si se tiene en cuenta a aquellos que saltean alguna comida por no poder costearla.

“Frente a la insuficiencia de ingresos, las familias se endeudan, dejan de comprar alimentos nutritivos o medicamentos, lo cual empeora significativamente la calidad de vida de sus integrantes”, explica Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina.

Norma Piazza, pediatra especialista en nutrición y miembro de la Red de Pediatras contra el Hambre, reconoce que existe un aumento de enfermedades relacionadas con la malnutrición.

"Estamos viendo casos de escorbuto"

“Estamos viendo casos de escorbuto (falta de vitamina C), lesiones oculares por deficiencia de vitamina A, con lesiones en la córnea”, afirma en una entrevista a la Agencia Reuters y agrega que, hay niños con convulsiones y problemas neurológicos donde la única patología deriva de la deficiencia de vitaminas como la B12. Una vitamina que se halla en huevos, pescados, carnes y lácteos. En tanto, la vitamina C se encuentran en las frutas y verduras, mientras que la vitamina A en carnes y lácteos.

El desguace de la vida

El programa Prohuerta bajo la supervisión del INTA, se creó hace 34 años, durante la presidencia de Carlos Menem. El propósito era minimizar las falencias alimenticias de las personas, mediante la enseñanza del cultivo, el reparto de aves de corral o financiamiento para el acceso al agua. Un programa que logró el reconocimiento mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). E incluso el modelo fue exportado a Haití. Pero desde la asunción del nuevo gobierno se encuentra paralizado. A su vez, no se renovaron los contratos de mas de 40 técnicos que trabajaban en el programa. Desde ATE INTA sacaron un comunicado exigiendo una solución.

Este accionar demuestra un total desinterés o desconocimiento sobre el efecto que este tipo de proyectos tiene en la vida de las personas. Ni hablar de la agudización en la problemática alimenticia ya que tenia alcance a nivel nacional.

Los beneficios no solo son económicos. El experto del INTA Pares afirma que “mejora la calidad de la alimentación” en las personas por ser “productos libres de agrotóxicos”. Asimismo, considera que esta actividad influye positivamente en la psicología de quienes cultivan, ya que el contacto con la tierra produce un "efecto relajante". Esto último pareciera tener poca importancia, pero después de la pandemia muchas personas se vieron afectadas psicológicamente.

La Matanza tiene la posibilidad de menguar las desigualdades sociales que viven los ciudadanos. La producción local de alimentos libre de químicos, no solo es beneficioso para la salud, contribuiría a la economía de las familias. Al mismo tiempo, en las zonas urbanas del partido soluciona el problema de los descampados, terrenos abandonados o baldíos, potenciales basurales a cielo abierto.

El municipio y la provincia de Buenos Aires siguen adelante con el proyecto de “Huertas Matanceras” con el fin último de garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes. Un gran paso para comenzar a enfrentar el hambre.

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